Nombre oficial: República Oriental del Uruguay

Superficie: 175.020 Km2

Capital: Montevideo 1.325.968 0 hab. (2007)

Moneda: Peso uruguayo

Idioma: Español

Población: 3.415.920 (2005)

Division administrativa: 19 departamentos

Fiesta nacional: : 25 de agosto, Independencia (1825); 18 de julio, Constitución (1830)

Faro de la Paloma

El territorio uruguayo es suavemente ondulado. Su relieve es una prolongación de las estribaciones del sur del Brasil, pertenecientes a un macizo antiguo, el Guayánico Brasileño. Su altitud media es de 300 metros sobre el nivel del mar, lo que unido a su ubicación y a su latitud, determina que posea un clima templado subtropical húmedo, con precipitaciones distribuidas a lo largo del año. Existe un tapiz vegetal casi continuo de pasturas naturales, aptas para la cría de ganado bovino y ovino. Su territorio, bien regado por numerosos cursos de agua, presenta algo más de 1.100 Kms. de aguas navegables, especialmente sobre los ríos Negro y Uruguay y sobre el estuario del Plata. El litoral ofrece, además, una sucesión de playas arenosas que atraen a numerosos turistas. Hay creciente contaminación de los departamentos norteños a raíz de las emisiones de la planta termoeléctrica de Candiota (Brasil), mientras los cursos de agua sufren por el uso de agrotóxicos. Se observa una creciente pérdida de los ecosistemas de la pradera y de los humedales del Este, debido a los monocultivos de árboles y de arroz, respectivamente.

Gran parte de los uruguayos desciende principalmente de inmigrantes españoles, italianos y otros europeos. Investigaciones históricas y genéticas recientes tienden a demostrar que una parte importante de la población también tiene ascendencia indoamericana. Los descendientes de esclavos africanos se calculan en 8% del total de habitantes del país.

Origen del Movimiento Cooperativo Uruguayo

"Hoy no solamente el obrero no abdica de su libertad, a la omnímoda voluntad del propietario, sino que es tan propietario como éste y con tal derecho e igualdad de condiciones se le acerca y le dice: 'Es necesario educar al hombre que con su sudor y su trabajo os da esa fortuna que ostentáis ante los ojos del mundo: convenid con nosotros que es necesario disminuir el horario y dar más descanso a los que única y absolutamente debéis la posición que ocupáis. Nada os imponemos, sino que propietarios como vos, venimos a pediros prestéis vuestro contingente a fin de que la clase proletaria viva en el futuro más desahogada'. Este lauro de la libertad y el derecho ha sido conquistado a costa de cruentos sacrificios por la Sociedad Cooperativa Tipográfica"

La Voz de la Cooperativa, 15 de febrero de 1890

Este reclamo de respeto a la vida y derechos de los trabajadores, realizado en nombre de tipógrafos "emancipados" en su cooperativa, estaba dirigido a los empresarios de Montevideo y es revelador de una de las perspectivas que dieron espacio y justificación al cooperativismo del Uruguay de fines del Siglo XIX, la de constituirse en una alternativa que permitiera a los obreros, en el seno de emprendimientos solidarios, liberarse de la tutela y explotación empresarial. Ese fue el propósito de la Sociedad Tipográfica Uruguaya, fundada el 1º de enero de 1889, con un capital social de $ 8.000. Sin duda que la inexistencia de leyes específicamente cooperativas sólo permitían que el espíritu de fraternidad y trabajo cooperativo de algunos grupos de obreros, se canalizara a través de la forma jurídica de sociedades anónimas. En el caso de esta entidad, "La voz de la Cooperativa" fue la "representación en la vida periodística" de aquella que, en noviembre de 1889 había cerrado trato para la adquisición de la Imprenta Cooperativa que abriría sus puertas en los inicios del 90.

Pero no fue este el único caso, aunque es de difícil determinación su verdadero carácter. Por ejemplo, en 1877 se creo una Sociedad Cooperativa de Mucamos y Cocineros, mientras que la Asociación Cosmopolita de Socorros Mutuos y Cooperativa de Peluqueros y Barberos "El Arco Iris" se fundó en 1880, la "Sociedad Cooperativa de Construcción de Casas" en 1883, la "Sociedad Cooperativa de Consumo" en 1888, la "Sociedad Cooperativa de Consumos de Carne" en 1889, a su vez en 1890 fue creada una "Sociedad Cooperativa de Zapateros" y la "Sociedad Cooperativa de Cartoneros" en 1901, entre algunas de las conocidas. Es más claro el caso de otra Sociedad Tipográfica Cooperativa: "La Capital", fundada en 1878. Esta existió desde aquel año para finalmente desaparecer 1880. Es probable que algunas de estas experiencias derivaran hacia una propiedad por acciones de tipo capitalista en los casos en que el compromiso con lo cooperativo fuera débil o no pasara de su denominación.

Pero hay otros trazos de la presencia del cooperativismo en el ocaso decimonónico del Uruguay. Este país urbano y su capital, eran muy abiertos a las informaciones procedentes del mundo. De modo que no es extraño que los lectores tuvieran conocimiento casi inmediato de las cooperativas de consumo y de producción europeas. Entre ellos se encontraban los tipógrafos, intermediarios entre el cable internacional y el público, lo que explica tal vez, su pionerismo cooperativo.

Veamos algunos aspectos de la presencia cooperativista, que habría de cobrar creciente importancia como alternativa entre las décadas de 1870 y 90. Ya Adolfo Vaillant -inmigrante francés y primer estadígrafo de este país- dictó en Montevideo un ciclo de conferencias sobre el cooperativismo, en 1875. Estas se realizaron en el local de la Logia Masónica "Les Amis da Patrie" y en la "Sociedad Francesa de Socorros Mutuos". En ellas Vaillant partió de la definición del Grand Dictionnaire Universel du XIX Siecle de Pierre Larousse, donde se dice: "Las Sociedades Cooperativas, que están destinadas a transformar completamente la situación de las clases obreras, son de origen moderno. (...) La teoría de las Sociedades Cooperativas consiste en eliminar la intermediación en ciertos casos buscando una relación más inmediata productor/consumidor. Estas Sociedades se pueden reducir a tres tipos, Sociedades de Consumo, de Crédito Mutuo y las Sociedades de Producción. Dichas sociedades tienen por objeto, retener para los socios los beneficios que hace el empresario o patrón...". Vaillant se refirió a la consideración jurídica que en diferentes países de Európa se hacía a las cooperativas y a su origen vinculado a la experiencia de Rochdale de 1844.

En una de sus charlas Adolfo Vaillant se refirió al Congreso de Cooperativistas Ingleses celebrado en Londres entre el 29 y el 31 de marzo de 1875. En ella citó y elogió la intervención de Tharold Rodgers en ese Congreso, quien se refirió a que "el mayor servicio que presta la cooperación no está solamente en el hecho de las ideas de previsión y economía que inculca a los obreros, ni está en la supresión de un gran número de intermediarios inútiles, (...) la gran ventaja que ofrece la cooperación consiste en la sustitución en las relaciones entre trabajo y capital, de un sistema imperfecto por un sistema racional".

La importancia de esta interpretación del cooperativismo como factor de democratización del capitalismo y aún como alternativa a la lucha de clases planteada por el socialismo (anarquista o marxista) no fue advertida en su plenitud -por los intelectuales liberales del Uruguay-, sino más tardíamente. Debieron mediar para ello importantes luchas sociales, como la huelga de 500 trabajadores de las fideerías de Montevideo, producida en 1884. Luego de discusiones sobre la "excepcionalidad" uruguaya "país vacío", "donde el brazo llama al brazo" en el cual "el obrero es apreciado y mejor retribuido" irrumpió la primer huelga industrial del Uruguay -en doce establecimientos molineros-, la que fuera dirigida por los internacionalistas montevideanos que, desde 1872 habían creado la Asociación Internacional de Trabajadores (AIT) de Montevideo. La aparentemente ausente "cuestión social" sacudió a los periodistas y propagandistas liberales que -a consecuencia de la huelga- reconocieron que "tenemos iniciada en Montevideo la lucha entre el capital y el trabajo. Esta lucha es una verdadera anomalía en un país como este", como dijo El Siglo. No obstante en el seno de los internacionalistas también fue planteado que "trabajando cooperativamente (...) no existirá, el antagonismo entre el capital y el odio de clases se habrá extinguido (...)".

Cuando el 1º de mayo de 1890 se conmemoró en Montevideo y en el mundo, por primera vez, la "huelga universal" en contra de "la explotación del hombre por el hombre", numerosos diarios de la capital reflexionaron sobre la solución a las tensiones sociales. Algunos reclamaron más represión, otros advirtieron a los gobernantes acerca de la importancia de "dulcificar la situación del obrero" y la necesidad de "armonizar" los intereses de los trabajadores y empresarios. Fue en este contexto de búsqueda de soluciones cuando el planteamiento de la alternativa cooperativa cobró renovado interés. De este modo El Siglo, en julio de 1890 señaló que "La Asociación Cooperativa es quizá la única y en todo caso la más poderosa entre todas las que se predican, para dar a los trabajadores su emancipación completa. El capital colectivo, fruto del ahorro y obtenido por los medios con que todo el capital privado se obtiene, encierra, a no dudarlo, el secreto de la evolución, mucho más segura en sus efectos y más apetecible en su procedimiento que los de la innecesaria y dañina revolución".

El surgimiento del cooperativismo fue, entonces, un tema menos anecdótico e inocente de lo que parece, y estuvo cargado de un contenido simbólico en el contexto de un mundo en el que, en medio de incertidumbres y esperanzas, muchos de los problemas y soluciones fueron asumidos también por trabajadores que reflexionaron acerca de, y organizaron, cooperativas, sintiendo que su destino dependía, en gran medida, de su obra y acción fecunda.

Confederación Uruguaya de Entidades Cooperativas

En el año 1984, las organizaciones de representación de las distintas modalidades, crearon la Mesa Nacional Intercooperativa (MNI), con la finalidad de promover una mayor colaboración entre los distintos tipos de cooperativas, hasta que en 1988 se constituye formalmente la Confederación Uruguaya de Entidades Cooperativas (CUDECOOP), asociación civil sin fines de lucro, concebida como la organización cúpula del movimiento cooperativo uruguayo.. Este movimiento forma parte del denominado "tercer sector", o sector de la "economía social". A nivel mundial, se ha ido generando una conciencia creciente sobre la importancia de este sector, a partir del reconocimiento de sus peculiaridades y de su perfil adecuado para prestar, de modo eficiente, servicios de contenido social. El cooperativismo hace una contribución importante en materia de generación de empleo, la que podría ser mucho más significativa si se eliminaran ciertas limitantes legales y administrativas y si se creara un marco propicio para la aplicación de experiencias extranjeras innovadoras en esta materia (sociedades anónimas laborales, cooperativas de autoempleo, de servicios múltiples, sociales, bolsas de trabajo, entre otras).

Cooperativismo uruguayo hoy

Según el Segundo Relevamiento de Cooperativas efectuado por CUDECOOP en 1999, la suma de los padrones sociales de las más de 1.200 cooperativas detectadas supera a los 800.000 afiliados individuales. Si bien muchos uruguayos pertenecen a más de una organización cooperativa a la vez, esta cifra da una idea de la magnitud alcanzada por la actividad del movimiento en los últimos años. Desde su nacimiento, la Confederación asocia a la totalidad de las instituciones representativas de los sectores cooperativos existentes en el país (agropecuarias, ahorro, consumo, viviendas, trabajo asociado....) lo que la convierte en una organización con una amplísima base, integrada por personas de las más diversas extracciones sociales, económicas y políticas.

Las cooperativas agrarias como entidades jurídicas formales surgen en el Uruguay en 1941, a partir de la aprobación de la Ley 10.008. Sin embargo, el cooperativismo en el sector agrario tiene una historia muy anterior, que se remonta a las primeras décadas del siglo XX,con la aparición de las primeras Sociedades de Fomento Rural y los Sindicatos Agrícolas, organizaciones solidarias con un funcionamiento muy similar a las actuales cooperativas agrarias.

El modelo cooperativo demostró ser una respuesta adecuada de los productores agropecuarios para enfrentar la atomización productiva. De este modo, en las décadas siguientes surgieron una gran cantidad de nuevas cooperativas agrarias, diseminadas a todo lo largo del territorio nacional, como una alternativa empresarial solidaria para satisfacer las necesidades de comercialización, de aprovisionamiento de insumos, de almacenaje y de transferencia de tecnología. Como respuesta a la necesidad de las cooperativas agrarias de contar con una única expresión gremial que defendiera sus intereses, promoviera el desarrollo cooperativo como instrumento para el mejoramiento de la calidad de vida de pequeños y medianos productores y representara al cooperativismo agrario a nivel nacional e internacional, surgió Cooperativas Agrarias Federadas CAF. A mediados del año 2000, CAF contaba con unas 60 entidades miembros (cooperativas de primer y segundo grado y sociedades de fomento rural), las que en su conjunto nuclean a más de 20.000 pequeños y productores rurales de los más diversos rubros productivos y de todas las zonas del país.

Las primeras cooperativas de producción aparecieron en los primeras décadas del siglo XX, pero comienzan a manifestarse con mayor intensidad a partir de la década del 50, cuando la crisis económica del país lleva a algunos trabajadores a asumir la gestión de ciertas cooperativas.

En las cinco décadas siguientes el sector se ha ido extendiendo a los más diversos sectores, aplicando el modelo de empresas gestionadas democráticamente por los obreros, técnicos o administrativos que participan directamente de la actividad laboral. Hoy en día, existen más de 300 entidades cooperativas de este tipo, las que dan trabajo a más de 8.000 uruguayos, en un amplio espectro de ramas de actividad: industriales, artesanales, de transporte, de educación y de salud, entre otras.

Camión de Trasporte Antiguo

Uno de los subsectores más importantes del movimiento cooperativo agrario es el lácteo, entre otras, se puede destacar la labor hasta el momento realizada por una de las cooperativas más importantes del país: la Cooperativa Nacional de Productores de Leche CONAPROLE, Esta cooperativa fue fundada el 1° de junio de 1936, en una época en la en la que los productores no tenían asegurada la venta diaria de su producción, la población no tenía asegurada su alimentación, y el Estado no podía garantizar la higiene del producto. Tratando de solucionar todos esos problemas nace la mayor industria privada del país, en un proceso que se gestó en los salones del Ferrocarril Central del Uruguay, donde sesionaba su directorio honorario. Cinco empresas, tras arduas negociaciones del Estado pasaron a formar el patrimonio inicial de esta Cooperativa que aseguró a todos los productores la compra de su leche, le aseguró a la población el abastecimiento diario, a la Intendencia Municipal del Montevideo la higiene de la producción, y al estado una administración transparente.
Durante el año 1998, recibió más de 785 millones de litros, el 70 % de la producción nacional de la leche procesada en plantas industriales. Su facturación anual supera los 320 millones de dólares, correspondiendo al mercado interno más del 60 % de la misma. Sus socios cooperarios, son actualmente 3020 y sus establecimientos se encuentran distribuidos en prácticamente todo el territorio nacional ocupando un área de 400.000 Hectáreas. Posee 12 plantas industriales y ocupa 2200 personas entre operarios, técnicos y administrativos. Esta empresa, premiada como la principal exportadora, ha llevado la marca a más de 20 países en el mundo.

Desde su surgimiento en la segunda mitad de los años '60, las cooperativas de vivienda por ayuda mutua del Uruguay han demostrado ser una de la experiencias latinoamericanas más completas y eficientes de producción social del hábitat popular urbano. El control ejercido por las cooperativas en todas las etapas del proceso de construcción, la eliminación de intermediarios y el aporte solidario de trabajo bajo la modalidad de ayuda mutua, han dado por resultado viviendas de menor costo y mejor calidad que las producidas por el Estado y los promotores privados. A diferencia de otros proyectos de vivienda de interés social, el cooperativismo ha aportado a la ciudad conjuntos habitacionales de alto impacto en el mejoramiento de las condiciones de vida de los sectores populares.
La calidad, la funcionalidad y aún los valores estéticos de las viviendas, los espacios públicos y los servicios colectivos, evidencian las aspiraciones y necesidades concretas de cada comunidad, por oposición a la uniformidad y la baja calidad de los proyectos públicos y privados dirigidos a destinatarios remotos y anónimos. El grado de organización alcanzado durante la etapa de ayuda mutua se extiende a la etapa de post-obra a través del desarrollo de una red nacional de servicios sociales autogestionados por los usuarios en las reas de salud, alimentación, educación, cultura y esparcimiento. Estas cooperativas, a partir de la fundación de FUCVAM -la federación que las integra en todo el país- se constituyeron en un movimiento social fundamental en la resistencia a la dictadura militar (1973-1985) y en la reconstrucción social y económica del país en el período post- autoritario (1985 al presente).

Por motivos de orden puramente ideológico, el gobierno uruguayo pretende bloquear la expansión de este sistema, argumentando que el libre juego del mercado proveer las soluciones al déficit habitacional del país (100.000 unidades, según datos oficiales). En la actualidad, están federadas en FUCVAM 278 cooperativas (12.165 hogares). En el Ministerio de Vivienda están registradas 160 cooperativas (6.500 hogares) en distintas etapas de trámite del crédito para construir. En el Plan Nacional de Vivienda 1995-1999 se dispusieron recursos para la construcción de sólo 300 viviendas nuevas en todo el quinquenio; ello significa marginar una alternativa de producción y gestión habitacional que ha demostrado ser la más apropiada en términos sociales, económicos y urbanísticos.

La historia de las cooperativas de vivienda por ayuda mutua se inició en el Uruguay en el año 1966, a partir de una experiencia piloto desarrollada por el CCU/Centro Cooperativista Uruguayo, una organización no gubernamental dedicada al apoyo técnico a iniciativas de desarrollo social y económico de base autogestionaria. Posteriormente, al fundarse FUCVAM/Federación Unificadora de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua en el año 1970, las cooperativas de base se integraron en un movimiento social urbano orientado a promover el desarrollo de la propuesta cooperativista en el marco de las políticas nacionales de vivienda. El cooperativismo de ayuda mutua está presente en prácticamente todas las ciudades del país. Inicialmente, las cooperativas se proponían la construcción de vivienda nueva en los barrios periféricos. En los últimos cinco años algunas cooperativas han desarrollado proyectos de reciclaje de viviendas en las áreas centrales de Montevideo, en el contexto de un programa de rehabilitación urbana del gobierno municipal. La mayor parte de las tierras accesibles para las cooperativas han sido generalmente las de menor costo relativo, en localizaciones suburbanas que implicaban la necesaria extensión de las redes de servicios (electricidad, agua potable, saneamiento), de las vías de circulación y el transporte colectivo, de los centros educativos y de atención sanitaria, y de los locales de abastecimiento para el consumo familiar.
Las cooperativas asumieron la gestión y gran parte de los costos de estos servicios, en forma autogestionaria o en co-gestión con los organismos del Estado, al tiempo que han liderado la organización y la movilización barrial en demanda de mejoras en la cantidad y calidad de la infraestructura urbana. Históricamente, la identidad social y cultural de las cooperativas de ayuda mutua ha estado determinada por su origen en gremios y barrios populares constituidos por sectores asalariados. El nombre de las cooperativas matrices denota el sindicato o el asentamiento de origen de las mismas. Como resultado de la acelerada pauperización de la clase obrera uruguaya y el paralelo crecimiento del sector informal de la economía resultante de la aplicación del modelo neoliberal, en los años 90 se constituyeron cooperativas conformadas por familias de ingresos más bajos y sin antecedentes de militancia sindical, que orientaron el establecimiento de nuevas pautas de organización y administración cooperativa (aunque manteniendo los valores y la estructura organizativa tradicional del movimiento cooperativista).

Las primeras tres cooperativas de vivienda por ayuda mutua del Uruguay comenzaron a construirse en el año 1966, con el asesoramiento del CCU, como una experiencia piloto financiada por el gobierno nacional con un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Hacia fines del año 1969, al evaluarse todos los programas de vivienda social construidos o en construcción por el sector privado o por el Estado, estas tres cooperativas pioneras evidenciaron los mejores resultados en costos y calidad de producción. Con la inclusión del sistema cooperativo en la Ley Nacional de Vivienda (No. 13.728) del año 1968, la alternativa cooperativa alcanzó una rápida extensión en todo el país. Los años inmediatamente posteriores a la aprobación de la Ley fueron los momentos de construcción a gran escala: de tres proyectos construidos en 1969 se pasó a una realidad de 210 cooperativas (6.700 viviendas) en 1971. Entre 1970 y 1973 miles de familias de origen obrero se organizaron en cooperativas, con el asesoramiento técnico de los Institutos de Asistencia Técnica (IATs) reglamentados en la Ley.

Hasta el año 1975 el movimiento cooperativo fue el principal destinatario de los préstamos del Fondo nacional de Vivienda (FNV): uno de cada dos préstamos aprobados por el Banco Hipotecario del Uruguay (BHU) correspondía a cooperativas de ayuda mutua. La fundación de FUCVAM, en 1970, fue un factor fundamental en la consolidación de las cooperativas de ayuda mutua como fuerza social, transformándose en poco tiempo en uno de los más poderosos movimientos sociales de la historia uruguaya contemporánea. Desde sus orígenes, la federación obtuvo importantes logros que contribuyeron a la expansión de la propuesta cooperativa: mayor y más rápida disponibilidad de tierra para los grupos de ayuda mutua, aceleración de los procedimientos administrativos para la aprobación de las personerías jurídicas y mejores y más justas condiciones de amortización de los préstamos del FNV. En el contexto de la crisis socio-política que caracterizó al Uruguay de los años 70, las cooperativas organizadas en FUCVAM se involucraron activamente en el proceso de cambio social.

Esta naturaleza dual del movimiento cooperativo, al mismo tiempo un sistema de producción y gestión habitacional y un movimiento social, ha sido un rasgo permanente en la historia de esta experiencia. Esta misma condición fue la razón que determinó que las cooperativas fueran objeto de la represión militar durante la década autoritaria (1973-1984) y es una de las razones que explican la marginación de la propuesta cooperativa en las políticas habitacionales del período democrático (1985 al presente). Junto al colapso de las instituciones constitucionales, se produjo el desmantelamiento del marco institucional que había sido establecido por la Ley Nacional de Vivienda. Todas las actividades y responsabilidades referidas a programas habitacionales fueron transferidas a una institución financiera: el Banco Hipotecario del Uruguay. Los criterios de "interés social" que habían motivado la aprobación de la ley Nacional de Vivienda fueron substituidos por criterios de rentabilidad bancaria. Los sistemas promovidos hasta entonces, que habían marcado la "orientación social" de la inversión pública en vivienda -cooperativas, fondos sociales, sistema público- fueron bloqueados.

En 1976, la dictadura aprobó un decreto a través del cual se suspendían las personerías jurídicas y los préstamos del BHU a las cooperativas. La crisis del cooperativismo iniciada entonces se extendería hasta los tiempos actuales: de representar el 45% de la inversión nacional en vivienda social, las cooperativas de ayuda mutua pasaron a tener una participación inferior al 3% en el total de los programas en construcción en 1980. Al tiempo que algunos espacios para la expresión social y política de base comenzaban a abrirse a principios de los '80, el movimiento cooperativo pasaba a asumir un rol preponderante en la lucha popular pro-democrática. En diciembre de 1983, el gobierno militar decretó el pasaje compulsivo de las cooperativas de usuarios (de propiedad colectiva) al régimen de propiedad horizontal (propiedad individual); la reacción de FUCVAM no se hizo esperar: apelando a un derecho constitucional se inició una campaña de recolección de firmas orientadas plebiscitar la abolición del decreto autoritario. En una jornada (26/04/84), con el apoyo de miles de brigadistas del conjunto del movimiento popular, FUCVAM recolectó 300.000 firmas, que ascenderían a más de medio millón al concluir la campaña tres meses después. Este conflicto fue heredado por el gobierno civil que asumió el poder en 1984; el decreto anti-cooperativo recién fue derogado en 1986, en el marco de un debate político que continúa hasta el presente (el actual gobierno propone nuevamente eliminar la identidad "anacrónica" de las cooperativas de usuarios). En 1990 se creó el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA).

En total coincidencia con la política económica vigente en el país desde 1973, el principio rector del Plan Quinquenal de Vivienda destacaba el rol del mercado como instrumento más adecuado para la provisión de soluciones habitacionales a todos los sectores de la población. No obstante, reconociendo que algunos sectores no serían capaces de acceder al mercado de la vivienda sin afectar otras necesidades básicas, el gobierno implementó un programa de beneficencia pública. El mecanismo más extendido -y casi único- de política habitacional para los sectores más carentes fue la construcción de los llamados Núcleos Básicos Evolutivos (NBEs): unidades de pésima calidad de construcción y apenas 30 metros cuadrados por familia, producidos sin referencia alguna a los requerimientos o aspiraciones de los beneficiarios, construidos por licitación a empresas privadas cuyo único fin es el lucro. El fracaso de este programa fue evidente: los NBEs construidos fueron pocos, malos y caros. En respuesta a este programa, el cooperativismo de ayuda mutua probó una vez más ser la alternativa más apropiada de producción de vivienda social: con los mismos costos de un proyecto de NBEs, experiencias piloto promovidas por FUCVAM en cooperación con dos ONGs (una de ellas el CCU) y el municipio de Montevideo, demostraron la viabilidad de construcción de viviendas de mejor calidad y el doble de superficie que el NBE ofrecido por el gobierno, a partir del control y la participación de la comunidad en todas las instancias de diseño y gestión del proyecto.

Las políticas de vivienda implementadas por el gobierno central han sido contrastadas con la política habitacional del gobierno municipal de Montevideo (cuya jurisdicción alcanza a prácticamente la mitad de la población nacional). Desde el año 1989, la municipalidad es administrada por una coalición de partidos de centro-izquierda. Pese a las limitaciones administrativas y financieras impuestas por la legislación vigente (desde que la Ley Nacional de Vivienda fuera modificada en 1991 la pol¡tica habitacional es competencia exclusiva del gobierno central), la ciudad ha impulsado sus propios programas, basados en una interpretación diferente de la llamada estrategia facilitadora. La municipalidad ha promovido una amplia política descentralizadora, fomentando la cooperación entre el municipio, las ONGs y las OCBs para el desarrollo de programas de rehabilitación urbana. Por primera vez en su historia las cooperativas han avanzado en la recuperación del derecho a la ciudad, construyendo (reciclando viviendas antiguas) en los barrios centrales.

También se acordó con FUCVAM un convenio para la cesión de tierras a cooperativas y el desarrollo de un proyecto de innovación tecnológica aplicada a la construcción de viviendas por ayuda mutua. El Plan Nacional de Vivienda 1995-1999 recientemente aprobado por el Parlamento ha consolidado la orientación neoliberal de la política habitacional uruguaya. Históricamente, el sector privado había atendido la demanda de los sectores de ingresos medio-altos y altos, por lo que sus acciones no estaban enfrentadas a la construcción cooperativa. El sector público, en cambio, había sido siempre el financiador de los sectores medios y bajos, incluyendo a las familias cooperativistas. El actual plan quinquenal altera sustancialmente esta distribución de roles, priorizando al sector privado y marginalizando a todas las formas de producción social de la vivienda. El gobierno instituye la competencia directa entre las cooperativas y la producción mercantil para la obtención de tierras, subsidios y crédito, a través de licitaciones que se ajustarían a las reglas de juego del libre mercado sin tomar en cuenta el impacto social de las diferentes propuestas. En el plan quinquenal, los recursos asignados explícitamente a las cooperativas posibilitarían la construcción de sólo 300 nuevas viviendas -al mismo tiempo, el propio Ministerio reconoce tener registradas en distintas etapas de trámite a 160 cooperativas, que significarían la construcción de 6.500 viviendas, en condiciones de empezar a construir tan pronto como se librara el préstamo del FNV-. La mayor porción de los recursos públicos se destinan a la adjudicación de "certificados individuales" (una especie de cheque respaldado por el FNV para la compra de una vivienda en el mercado) y la construcción de los fallidos NBEs. Pese a que, objetivamente, el producto final de las cooperativas en aspectos constructivos, arquitectónicos, urbanísticos, de organización social y desarrollo comunitario es muy superior al posible de obtener por empresas orientadas al lucro, estas últimas actúan con capital, infraestructura y capacidades instaladas no comparables con las posibilidades de las cooperativas.

El movimiento cooperativista de vivienda por ayuda mutua se ha extendido por todo el país, transformando el concepto de propiedad de un gran número de hogares uruguayos de ingresos bajos y medio-bajos. La propiedad comunitaria es defendida como una de las señas de identidad del movimiento. Ser un usuario significa considerar a la vivienda como un bien social y no como una mercancía. La estructura organizativa de las cooperativas promueve el desarrollo de relaciones solidarias, fomentando la participación madura, responsable y democrática de todos los miembros de la comunidad en la toma de decisiones. La tradición uruguaya de auto-construcción siempre se había cimentado en un tipo particular de relaciones solidarias, apreciables en la contribución de mano de obra de familiares, amigos y vecinos, deseosos de "hacer una gauchada", de "dar una mano", aunque al mismo tiempo acotadas a una mentalidad individualista: el objetivo final era la casa propia, concebida como la propiedad familiar. Con la propuesta de las cooperativas de ayuda mutua, la dicotomía entre propiedad privada y propiedad pública -común a todos los otros sistemas de producción de vivienda en el uruguay- es superada. Se propone una nueva forma de posesión, controlada y administrada por la comunidad en su conjunto, introduciendo pautas innovadoras para la gestión barrial. Por otra parte, al elegir la propiedad comunitaria, el control y la gestión del proceso de producción permite optimizar la inversión, resultante en un mejor producto final.

Con la misma inversión, la cooperativa obtiene una mejor calidad que la alcanzada por los agentes de mercado o el Estado. Las cooperativas no sólo resuelven el problema de vivienda de sus miembros, sino que también asumen el planeamiento y la gestión de servicios sociales complementarios. En su historia de tres décadas, las cooperativas uruguayas han superado circunstancias socio-políticas adversas. En los últimos años han debido negociar permanentemente con el Estado -tanto a nivel nacional como a nivel municipal- la transferencia de recursos necesarios para su desarrollo. En ningún momento la respuesta del Estado fue proporcional al número de familias aspirantes a construir en forma cooperativa.

Pese a todo, las cooperativas de ayuda mutua, estructuras democráticas autogestionadas, tienen el potencial necesario para iniciar la auténtica estrategia facilitadora requerida por los sectores populares. Esta estrategia, en primer lugar, debería orientarse a la reformulación del marco institucional para la implementación de las políticas nacionales de vivienda. Ella debería comprometer la descentralización de responsabilidades y recursos hacia la sociedad civil y no hacia el mercado. Las cooperativas de ayuda mutua han corporizado una serie de tradiciones uruguayas y recreado otras, dándoles un nuevo significado: la experiencia universal del cooperativismo como forma organizativa, la experiencia de los autoconstructores relacionada a la historia del Uruguay como país de inmigrantes, la experiencia de movilización y lucha del movimiento sindical que marcó el nacimiento de las cooperativas pioneras.
En ningún momento la historia del movimiento cooperativista uruguayo perdió su esencia dinámica; en todas las etapas de su evolución histórica las cooperativas se preocuparon por explorar nuevas alternativas de solución al problema habitacional de los sectores populares: introduciendo un nuevo sistema de construcción, experimentando nuevas tecnologías, asociando la producción de vivienda a la extensión de servicios comunitarios, integrando otros sectores sociales al movimiento cooperativista.. En un mundo tan complejo y heterogéneo existen varias posibles opciones más allá de la cruda oposición "Estado versus Mercado". Una de ellas es la producción social del hábitat a partir de la propuesta cooperativa.

Uno de los elementos distintivos del movimiento cooperativo uruguayo dentro del elenco de actores sociales y económicos relevantes del país, es el ejercicio real del pluralismo y el respeto a la diversidad de opiniones, como prácticas inherentes a la propia esencia del cooperativismo.

Hoy, el movimiento cooperativo uruguayo está compuesto por organizaciones del más diverso origen e integración. En su seno conviven, y trabajan juntas, desde las de inspiración socialcristiana, hasta las de raíz liberal, socialista o libertaria; desde las que surgieron a partir del impulso de la Alianza para el Progreso, hasta las promovidas por sindicatos a partir del cierre de empresas; desde las integradas por trabajadores industriales, hasta las constituidas por militares, policías, profesionales universitarios de las más diversas ramas o productores rurales.

A diferencia de lo ocurrido en otros países del continente, el cooperativismo uruguayo no se ha desarrollado exclusivamente a partir de la protección de políticas estatales, y como movimiento, siempre ha guardado total independencia de los partidos políticos. En las organizaciones de base y en las de integración cooperativa trabajan por la defensa y la promoción del movimiento, dirigentes de las más diversas extracciones políticas y sociales. La convicción compartida de que el cooperativismo tiene un papel importante para jugar en la construcción del futuro de los uruguayos, ha llevado siempre a mantener una actitud de apertura y diálogo con todos los actores políticos y sociales del país, buscando hacer aportes y aprovechar el potencial como solución eficiente para muchos de los problemas y las necesidades de los uruguayos.

Dentro de esta diversidad de ramas y sectores, existen algunos en los que se ha alcanzado un importante crecimiento. A modo de ejemplo, las cooperativas agropecuarias industrializan y comercializan el 90% de la producción de leche y derivados; manejan alrededor del 30% de la producción de trigo, así como importantes proporciones de las de girasol, sorgo y maíz; producen el 5% del arroz nacional; industrializan y comercializan alrededor de un 10% de la zafra lanera; son responsables de un 40% de las exportaciones nacionales de miel y derivados; producen más del 50% del azúcar y almacenan prácticamente la mitad de la producción agrícola nacional. Las cooperativas de ahorro y crédito son las únicas organizaciones privadas nacionales que actúan en el sistema bancario y de intermediación financiera, brindando servicios a más de medio millón de asociados, la enorme mayoría de los cuales son pequeños y medianos ahorristas, generalmente no tomados en cuenta por la banca comercial.

En otros sectores, las cooperativas de vivienda reúnen a más de 26.000 familias de todo el país, las de consumo abastecen de todo tipo de bienes y servicios a casi 200.000 familias, las de transporte trasladan alrededor del 40% de los pasajeros de Montevideo y las de salud son responsables de la atención médica de una importante proporción de los ciudadanos del país, especialmente en el interior.

Cooperativas de Ahorro y Crédito

En Uruguay, los antecedentes anteriores a las cooperativas de ahorro y crédito, más directos de una banca popular, están dados por las cajas populares. Las Cajas Populares surgidas a comienzos del siglo XX, no adoptaron la forma jurídica de cooperativa, pues dicha forma no existía en la legislación uruguaya. Nacen de las inquietudes de un movimiento social católico preocupado por mejorar la condición moral de material de los trabajadores, estimulando sus hábitos de ahorro y extendiendo los beneficios del crédito a los pequeños industriales, modestos comerciantes y productores rurales. Eran instituciones localistas, dirigidas por vecinos de la zona donde se intermediaba el pequeño ahorro para aplicarse a las actividades productivas.

En 1902, el segundo Congreso de Círculos Católicos de Obreros promovió la fundación de cajas populares como las fundadas en Italia, por Luzzati y en Alemania por Raiffaisen. En 1911 se constituye la Unión Económica del Uruguay que tiende especialmente a la elevación de las clases populares', con el objetivo de impulsar la creación de cajas populares en el interior del país. Las Cajas Populares eran institutos de ahorro y previsión del tipo Raiffaisen, con gran influencia de los sectores rurales. Tenían como accionistas a sus propios beneficiarios. No distribuían dividendos y recibían fondos en depósito. Con este dinero más el obtenido de préstamos personales o bancarios, prestaban a sus asociados.

Las Cajas Populares alcanzaron su auge hacia 1959 (en ese entonces existían 47 cajas que captaban el 16% del ahorro nacional) y tendieron a la desaparición a finales de la década de los 70, una de las principales causas de esta desaparición fue la carencia de un marco legal adecuado. En el caso de las primeras cooperativas de ahorro y crédito, surgen a fines de la década de los '60 y principios de los '70. En 1975 el Banco Central de Uruguay, autoridad de supervisión de las actividades financieras, dispone una "reglamentación de cooperativas de ahorro y crédito", regulando a partir de allí, el capital mínimo obligatorio, lo planes de ahorro y reglamentos de crédito, encajes, garantías, etc. Como hecho significativo del tipo de regulación, se señala que las cooperativas no podían: invertir en bienes de uso propio y gastos de constitución una superior al 50% de las partes sociales integradas; realizar, por cuenta propia o a través de terceros, negocios u operaciones ajenas a su actividad financiera específica, u operar en moneda extranjera.

En la práctica se conocían dos tipos de Cooperativas de Ahorro y Crédito: aquellas que realizarían actividades de intermediación financiera ( Cooperativas de Intermediación Financiera, en la terminología utilizada por la ley), a seguir siendo supervisadas por el Banco Central, y las de "operatoria cerrada", que solo pueden financiarse con la integración de las partes cooperativas de intermediación financiera, con la débil supervisión de la Inspección de Hacienda.